Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
|
|
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA
Magistrado ponente
AL5949-2014
Radicación n.° 56511
Acta 34
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil catorce (2014).
PROCESO ORDINARIO. CARLOS EUSEBIO FALQUEZ SALCEDO y LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ vs. ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. Y EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, hoy COLPENSIONES.
Resuelve la Corte la solicitud de aprobación de transacción celebrada entre LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.; de desistimiento del recurso extraordinario de casación y de terminación del proceso ordinario laboral de la referencia respecto del aludido demandante.
I. ANTECEDENTES
Por escrito que obra a los folios 72 y 73 del cuaderno de la Corte, los apoderados de los extremos litigiosos pidieron que se apruebe la transacción celebrada entre las partes y, en consecuencia, se acepte el desistimiento y la terminación el proceso respecto del demandante Leonardo de Jesús López Martínez, sin condena en costas.
En el mencionado acuerdo de transacción (folios 74 a 78), establecieron que la sociedad demandada, ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., pagaría al demandante, Leonardo de Jesús López Martínez, la suma única de $460.000.000 por todas las pretensiones para transigir el proceso; para su cumplimiento se convino que el pago del anterior monto se haría de la siguiente manera: i) $92.000.000, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se cumplan dos (2) meses desde aquella en que el contrato de transacción se presentó ante esta Sala de la Corte, bajo la condición de que no se hubiere emitido pronunciamiento de fondo en tal data. Un 70% a favor del demandante, y el 30% restante a su apoderado, a través de cheque de gerencia sin cruzar, ii) $368.000.000, a más tardar, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del auto mediante el cual esta Sala acepte la transacción y se dé por terminado el proceso; $110.400.000 se cancelarán mediante un cheque de gerencia sin cruzar al apoderado, y $257.600.000 se pagarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de ahorros de López Martínez. El escrito correspondiente aparece suscrito por el demandante, y su apoderado.
II.- CONSIDERACIONES
En relación con la figura jurídica de la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso, y que se somete a consideración de la Corte dentro el trámite el recurso de casación, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse, y definir que resulta procedente su aceptación, en los casos en que se reúnan los presupuestos para ello. Es así, que en providencia CSJ SL, 5 jul. 2011, rad. 49792, se apuntó:
…debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta Sala de Casación considerar que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida, tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en trámite del recurso de casación.
No obstante, un nuevo estudio de los preceptos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendimiento distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional, en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocidos para las instancias del proceso.
En efecto, la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso es sabido, consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, la transacción impide el resurgimiento de la controversia judicial que fue su objeto entre quienes la suscribieron, así como que las obligaciones que de allí surjan pueden demandarse ejecutivamente. Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro.
La transacción, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, también es un acto procesal válido en el proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil prevé que la transacción puede hacerse “en cualquier estado del proceso”, incluso, con posterioridad al agotamiento de las instancias, esto es, para “transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia”. Ergo, el recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de aplicación de la citada figura, pues es claro para la Corte que aun cuando su trámite se surte con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, no lo es porque el proceso se haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia de segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso extraordinario. De tal manera que, siendo el recurso extraordinario de casación parte del proceso laboral, la transacción es susceptible de producirse durante su trámite y aún después de dictarse la sentencia que lo resuelva, para, como ya se dijo, “transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia”.
Así como la competencia funcional no puede afectar en modo alguno la posibilidad de que las partes puedan transigir la litis en curso de las impugnaciones, tampoco puede impedir o inhibir la facultad de los respectivos jueces para resolver los pedimentos derivados de lo transigido. Esa la razón para que el mismo artículo 340 señale que ante tal situación las partes deberán dirigir escrito al “juez o Tribunal” que conozca del proceso o de la actuación posterior a éste, precisando sus alcances o acompañado el documento que la contenga, caso en el cual se producirán los efectos procesales pertinentes, al punto de que si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, el funcionario correspondiente la aceptará si la encuentra a derecho, “quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme”.
En trámite del recurso extraordinario deben entenderse como tales las dictadas en las instancias, pues la de primer grado ha debido ser impugnada o encontrarse en consulta para que se hubiere proferido la del Tribunal que, a su vez, se encontrará sub júdice por efectos del recurso extraordinario.
De esta manera, a la Sala de Casación Laboral compete en trámite del recurso extraordinario de casación someter a su estudio las transacciones de la litis que las partes en conflicto pongan a su consideración para, si es del caso, se cumplen los requisitos sustanciales y se respetan los derechos de las partes, entre ellos los que particularmente interesan a esta disciplina jurídica, es decir, los derechos ciertos e indiscutibles, aceptarlas y generar los efectos perseguidos por quienes las suscribieron, esto es, la terminación total o parcial de la litis, según el caso.
Ahora bien, no encuentra atinado la Corte separar los conceptos de desistimiento del recurso extraordinario y transacción, como lo venía haciendo, por la sencilla razón de que si se acepta aisladamente el desistimiento del recurso, ello significará que queda en firme el fallo del Tribunal, propósito en modo alguno querido por quienes suscriben la transacción, pues su querer precisamente debe entenderse es el que la sentencia del Tribunal no quede firme, sino que lo sea la transacción judicialmente aceptada. Por tanto, el desistimiento del recurso debe entenderse como un mecanismo que allana a las partes a la transacción, no necesario por cierto, pues como se ha visto el legislador ya ha previsto que en caso de aceptarse la transacción total del proceso, éste se termina “quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme”.
Lo anterior no significa, por otra parte, que siempre desistimiento del recurso y transacción deban verse como figuras dependientes, pues bien puede ocurrir que el asunto objeto a examen no sea susceptible de transigir pero que el acto procesal sí pueda ser materia susceptible de desistir, evento en el cual al funcionario competente no le será dado acceder a lo primero, pero por supuesto que a lo segundo sí. Entonces, en cada caso y conforme a la redacción del respectivo acuerdo, deberá tomarse camino por aceptar la transacción allegada por las partes o por la del desistimiento del acto procesal en curso.
Con fundamento en este nuevo entendimiento de la Corte sobre la figura de la transacción importa a la misma observar que, en el presente caso, con la transacción aportada por las partes a través de sus apoderados se persigue la terminación del proceso, para lo cual, el objeto del mismo, que lo fue la indexación del valor de la primera mesada pensional y el correlativo pago del retroactivo pensional generado hasta el momento, se soluciona por éstas, por una parte, imponiéndose unas obligaciones económicas a cargo de la demandada que se dicen ya satisfechas y, por otra, se establece un valor único a la pensión devengada por el actor a cargo de la demandada, a partir del mes de enero de la presente anualidad. Adicionalmente, se dice desistir del recurso extraordinario por cuenta de la demandada en las instancias y la declaración de paz y salvo por cualquier diferencia económica surgida de la relación laboral que ató a las partes.
En consecuencia, no aparece obstáculo alguno a la vista de la Corte para aceptar la transacción precisada en el memorial que acompaña la solicitud de terminación del proceso y desistimiento del recurso, fuera de estar los apoderados habilitados para transigir por cuenta de sus representados, de donde resulta pertinente, en atención a lo prescrito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo según lo ya anotado, acceder a los pedimentos suplicados dando terminación al proceso sin lugar a costas y sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre el desistimiento del recurso extraordinario.
En este caso, el escrito petitorio reúne los requisitos legales a términos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que por remisión del 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social se aplica al evento bajo estudio; se pactaron con el demandante Leonardo de Jesús López Martínez y su apoderado la totalidad de las pretensiones que aquél aspiraba; se determinó en concreto la forma y el tiempo de pago, a su satisfacción, y se consignó que el acuerdo cobija en totalidad las reclamaciones que se discutían en el litigio; además, los apoderados están habilitados para transigir, conforme a documentos obrantes a folios 8 y 9 del cuaderno principal y 79 a 97 del cuaderno de la Corte, por lo que, en principio, la solicitud es procedente.
Por otra parte, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo estableció, como de orden público, las disposiciones legales que regulan el trabajo, razón por la cual la misma norma reafirma su connotación de irrenunciables; y a su vez, el artículo 15 otorga validez a la transacción en los asuntos de trabajo, a menos que se trate de derechos ciertos e indiscutibles, caso en el cual resulta un imposible jurídico transigir sobre ellos.
En auto de fecha 8 de julio de 2012, rad. 48101, esta Sala de la Corte expresó.
«[los]derechos ciertos e indiscutibles, hacen relación a aquellos cuya previsión normativa resulta inequívoca, concurriendo, además, los supuestos de hecho exigidos a favor de quien los reclama, de suerte que, cuando no hay norma que expresamente los contempla, o imprecisión, oscuridad, ambigüedad, confusión, vacío o laguna en éstas, o simplemente no hay medio de prueba o con suficiente entidad que acredite sus supuestos de hecho, o precepto alguno que exima de aportarlos al proceso, puede afirmarse válidamente que el pretendido derecho no tiene la connotación de certidumbre e indiscutibilidad por la ley reclamada y, por tanto, no hay nada que impida su disponibilidad o renuncia».
Y, en esta misma providencia refirió la Corte que ya en sentencia de 17 de febrero de 2009, Rad. 32051, recordó:
«(…) esta Sala de la Corte ha explicado que “… el carácter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacción o de una conciliación, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jurídica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser así, bastaría que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no se correspondería con el objetivo de la restricción, impuesta tanto por el constituyente de 1991 como por el legislador, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor; limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales” (Sentencia del 14 de diciembre de 2007, radicación 29332)».
Solicitó el actor que se declarara no subrogada y no compartida la obligación de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. de pagarle la pensión convencional de jubilación y no compartida la de vejez otorgada por el ISS con la convencional, en consecuencia, se ordenara a este último pagar la pensión de vejez plena y se condenara a la Electrificadora del Caribe a cancelarle la pensión de jubilación en forma total y vitalicia, así como las diferencias que la empresa dejó de cancelarle desde el momento en que comenzó a compartir la pensión de jubilación con la de vejez; intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; indexación de las sumas adeudadas, costas y agencias en derecho. Tales pretensiones le fueron negadas en el fallo de primer grado, y concedidas por el sentenciador de la alzada, lo que motivó el recurso de Casación por parte de la sociedad condenada.
Luego, tal aspecto bien podía ser transigido por las partes, pues su querer no implica para el demandante renuncia a pretensiones ciertas e indiscutibles, ni a derechos irrenunciables.
En consecuencia, debe aceptarse la petición formulada conjuntamente, conforme se ha impetrado, únicamente en lo que concierte al demandante Leonardo López Martínez.
No hay lugar a costas por cuanto el desistimiento del recurso fue coadyuvado por el apoderado de Leonardo de Jesús López Martínez.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL,
RESUELVE:
PRIMERO.- ACEPTAR la transacción suscrita entre las partes, visible a folios 74 a 78 del cuaderno de la Corte, sobre la totalidad de las cuestiones debatidas en el presente proceso, y el desistimiento del recurso extraordinario de casación en cuanto se refiere al demandante Leonardo de Jesús López Martínez, respecto de quien se declara terminado el proceso.
SEGUNDO.- Continúe el trámite en lo que corresponde a Carlos Eusebio Falquez Salcedo, como quedó anotado.
TERCERO.- No hay lugar a costas por cuanto el desistimiento del recurso fue coadyuvado por el apoderado de Leonardo de Jesús López Martínez.
CUARTO.- Conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se le acepta la renuncia de poder presentada por el apoderado de Colpensiones. Por secretaría comuníquesele al poderdante en la forma prevista en dicha norma.
Notifíquese y cúmplase.
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Presidente de Sala
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
"Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES"
ISSN [2500-4409 En linea]
Última actualización: 15 de octubre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.894 - 29 de septiembre de 2024)
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.