INTERVENCION AD EXCLUDENDUM - Generalidades / INTERVENCION AD EXCLUDENDUM - Definición legal / INTERVENCION AD EXCLUDENDUM - Oportunidad / INTERVENCION AD EXCLUDENDUM - Requisitos / INTERVENCION EXCLUYENTE - Generalidades / TERCERO EXCLUYENTE - Generalidades / CONDENA EN COSTAS - Intervención ad excludendum / INTERVENCION AD EXCLUDENDUM - Condena en costas

El artículo 53 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 267 del C.C.A., define la figura procesal de la “Intervención ad excludendum” en los siguientes términos: “Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca” y en cuanto a la oportunidad, expresa la misma norma que precluye con la sentencia de primera instancia. Señala asimismo dicho precepto, que el interviniente deberá presentar la demanda con los requisitos legales y que el auto que la acepte o la niegue, es apelable en el efecto devolutivo. Se trata de una situación en la cual un tercero pretende excluir a las partes alegando un mejor derecho sobre la cosa materia de controversia, lo cual supone una acumulación de acciones, por cuanto se acumula el derecho de acción del demandante inicial con el derecho de acción del interviniente ad excludendum, pretensiones que deberán decidirse en el mismo proceso. Requisito necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en parte) a los cuales dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues si se trata de diversos derechos o cosas, deberá acudirse a otro proceso. Como quiera que las pretensiones del tercero excluyente se deciden en la sentencia, resulta lógico señalar que este podrá intervenir en el proceso únicamente hasta antes de proferirse fallo de primera instancia, según lo indica el inciso 1 del artículo 53 del C.P.C. Finalmente, de acuerdo con la disposición señalada, se tiene que, en el evento de que la sentencia niegue las pretensiones formuladas por el tercero excluyente, éste será condenado a pagar, a las partes, las costas a que hubiere lugar; también se le ordenará el pago de una multa y los perjuicios que su intervención hubieran podido causar, sumas que se liquidarán mediante incidente.  

INTERVENCION AD EXCLUDENDUM -  Requisitos

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es menester reiterar que la demanda de intervención ad excludemdum presentada por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo cumple con todos y cada uno de los requisitos de ley para ser admitida. En ese orden, resultan injustificadas las razones aducidas por el recurrente, en cuanto afirmó que la sucesión del señor Serna Vallejo, representada por su esposa Inés Naranjo de Serna y su hijo Rodrigo Serna no tenían interés jurídico para demandar, por cuanto el citado señor cedió en vida a la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., los derechos litigiosos surgidos con ocasión de la liquidación del contrato 007 de 1989 celebrado con la Caja de de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, puesto que el derecho alegado por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo y la calidad de cesionaria de la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., constituye la materia que se va a debatir en el proceso y su definición sólo será posible en la sentencia que le ponga fin a la controversia, después de haberse valorado el material probatorio recaudado. Precisamente, la tarea del juez en el auto admisorio de la demanda consiste en verificar si los requisitos exigidos por la ley se encuentran satisfechos, procediendo a la inadmisión de la demanda en el evento de que ello no ocurra, con el propósito de que se subsane, en el término de cinco días, de acuerdo con el artículo 143 del C.C.A., siempre y cuando la acción no se encuentre caducada, evento en el cual la única medida procedente es el rechazo.

FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 137

RECURSOS DE APELACION - Pruebas  / PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA - Oportunidad  

En cuanto a los documentos aportados con el recurso de apelación, mediante los cuales el recurrente pretende aclarar la situación de los herederos en el proceso de la referencia, la Sala estima que tratándose de la apelación de autos, la posibilidad de aportar o solicitar pruebas no está prevista en el ordenamiento jurídico, pues ello sólo es posible en el recurso de apelación contra sentencias, tal como lo indica el artículo 212 del C.C.A., según el cual, las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, las cuales sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 ibídem. No obstante lo anterior, dichas pruebas podrán aportarse en la debida oportunidad procesal, esto es, en la contestación de la demanda de intervención ad excludendum, puesto que así lo prevé el inciso 3 del artículo 53 del C.P.C. cuando señala: “Si el término de prueba estuviere vencido y en la demanda del interviniente o en las respuestas de las partes se solicitare la práctica de pruebas, se fijará uno adicional que no podrá exceder de aquél, a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados y éstos sean susceptibles de prueba de confesión”, de manera que los documentos aportados con el recurso de apelación no serán tenidos en cuenta en esta oportunidad procesal.  Nota de Relatoría: auto de mayo 11 de 2006, expediente 30.010

 FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTCULO 212, 214; CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL   ARTICULO 53 INCISO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

     Consejera ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR

Bogotá D. C., enero treinta y uno (31) de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02144-01(33796)

Actor: SOCIEDAD SERNA MELO Y CIA S. EN C.

Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL- CASUR

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., contra el auto de noviembre 15 de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se admitió la intervención ad excludendum presentada por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo.

ANTECEDENTES:

El 5 de marzo de 1980, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, y el arquitecto Medardo Serna Vallejo, celebraron el contrato 007, cuyo objeto fue la elaboración del proyecto definitivo y la dirección arquitectónica de la segunda torre del Hotel Hilton Internacional de Bogotá, el cual fue adicionado el 7 de julio y 16 de octubre de 1981 (folios 393 a 406, cuaderno 3).

Mediante Resolución No 1217 de abril 3 de 1987, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, declaró la caducidad del contrato y sus adicionales, por lo cual procedió a liquidarlo mediante Resolución No 2712 de 31 de agosto de 1989.

La anterior liquidación fue demandada por el arquitecto Serna ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por estimar que los valores liquidados eran incorrectos (folio 14, cuaderno de pruebas).  

El 23 de febrero de 1995, el Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales la demandada liquidó el contrato 007 de 1980, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante sentencia de abril 21 de 2004, señalando que la entidad demandada aplicó incorrectamente el Decreto 3154 de 1980, puesto que desconoció el sentido de las disposiciones que regulaban la forma de liquidar los honorarios del contratista (folios 504 a 555, cuaderno 3).

Teniendo en cuenta los señalamientos hechos por esta Corporación en el fallo de abril 21 de 2004, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, expidió la Resolución No 0013 de 12 de enero de 2005, por medio de la cual ajustó la liquidación del contrato 007 de 1980, decisión que una vez impugnada fue revocada parcialmente por la Resolución No 002096 de abril 14 del mismo año, la cual quedó ejecutoriada el 8 de julio siguiente (folios 145 a 181, cuaderno de pruebas).

El 19 de septiembre de 2005, la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., mediante apoderado judicial, formuló demanda de controversias contractuales contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones No 0013 y 002096 de 12 de enero y 14 de abril de 2005, en su orden (folios 2 a 12, cuaderno 1).

Manifestó que las resoluciones que reajustaron la liquidación del contrato 007 de 1989 no tuvieron en cuenta el costo real de la obra construida, ni las pautas señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia de abril 21 de 2004, razón por la cual el valor que allí se obtuvo fue mucho menor del que realmente le correspondía al arquitecto Serna Vallejo por concepto de honorarios.

El 8 de mayo de 2006, la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo, representada por su esposa Inés Naranjo de Serna y su hijo Rodrigo Serna Naranjo, mediante apoderado judicial, presentaron demanda ad excludendum contra la sociedad Serna Melo y Cía. S en C., y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, elevando entre otras, las siguientes pretensiones:

“1.- Declarar, en virtud de la demanda excluyente, que los derechos de la actora, la SUCESIÓN de MEDARDO SERNA VALLEJO, son de su total y exclusiva pertenencia, contra la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR, y no de la sociedad SERNA MELO Y CÍA S. EN C.

“2.- Declarar la NULIDAD de la RESOLUCIÓN NRO 0013 de 12 de ENERO de 2005 y de la RESOLUCIÓN nro 02096 de 14 de abril de 2005, emanadas de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR,

“3.- Restablecer consecuencialmente en su derecho a la SUCESIÓN de MEDARDO SERNA VALLEJO, para liquidar en sede judicial el contrato 007 de 1980 del 5 de Marzo y sus adicionales del 7 de Junio de 1981 y del 16 de octubre de 1981, y en consecuencia proceder a hacerlo en sede judicial (folio 3, cuaderno 3).

Providencia impugnada.

El 15 de noviembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la intervención ad excludendum formulada por el apoderado de la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo contra la sociedad Serna Melo y Cía S en C., y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, por estimar que reunía los requisitos de ley, ordenando la notificación de las partes. Al respecto, señaló:

“En el caso en particular, los representantes de la Sucesión del señor Medardo Serna Vallejo dicen tener mejor derecho que la sociedad Serna Melo y Cía respecto a los valores que resulten de la liquidación del contrato 007 de 1980 y sus adicionales, celebrado entre CASUR y el señor Serna Vallejo, que corresponden al pago pactado en dichos contratos.

“Tenemos entonces, que la intervención fue presentada en la oportunidad debida, es decir, antes de la sentencia de primera instancia. De igual manera, de las pretensiones del escrito de intervención se deduce que los derechos controvertidos son en parte los mismos.

“Sumado a lo anterior, y revisado el escrito de intervención, se observa que la demanda presentada cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo 137 del C.C.A (folio 125, cuaderno 4).

Recurso de apelación.

La anterior decisión fue recurrida en apelación por el apoderado de la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., por estimar que la sucesión del arquitecto Serna Vallejo carece de interés jurídico para demandar, puesto que el señor Serna cedió en vida a sus representados los derechos litigiosos derivados de la ejecución y liquidación del contrato No 007 de 1980 y sus adicionales, celebrado con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, derechos que fueron reconocidos por la entidad demandada mediante acto administrativo, por lo cual dicha sociedad es la única beneficiaria, y por ende, legitimada para reclamar en juicio los derechos que le correspondían al arquitecto Serna. Sobre este punto, dijo el recurrente:

“Las resultas del presente proceso sólo van a beneficiar a la sociedad SERNA MELO Y CÍA S. en C., de acuerdo con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, por cuanto la Cesión de los derechos sólo produce efectos jurídicos ínter partes o entre quienes intervinieron y no ante terceros, por cuanto éstos no fueron parte de la negociación, dejando sin posibilidad jurídica a los herederos de reclamar los mencionados beneficios de la liquidación del contrato (folio 130, cuaderno 4).

Señaló que la acción instaurada por el apoderado de la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo estaría caducada, como quiera que los actos cuestionados proferidos por la entidad demandada debieron impugnarse ante el juez contencioso administrativo dentro de los cuatro meses siguientes al agotamiento de la vía gubernativa, según lo dispuesto por el artículo 85 del C.C.A., sin embargo ello no ocurrió así.

Finalmente, el recurrente aportó algunos documentos mediante los cuales pretende aclarar la situación de los herederos en el proceso de la referencia, con el fin de que el juez los valore cuando decida el recurso de apelación (folio 131, cuaderno 4).

CONSIDERACIONES:

  El artículo 53 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 267 del C.C.A., define la figura procesal de la “Intervención ad excludendum” en los siguientes términos: “Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca” y en cuanto a la oportunidad, expresa la misma norma que precluye con la sentencia de primera instancia.

Señala asimismo dicho precepto, que el interviniente deberá presentar la demanda con los requisitos legales y que el auto que la acepte o la niegue, es apelable en el efecto devolutivo.

Se trata de una situación en la cual un tercero pretende excluir a las partes alegando un mejor derecho sobre la cosa materia de controversia, lo cual supone una acumulación de acciones, por cuanto se acumula el derecho de acción del demandante inicial con el derecho de acción del interviniente ad excludendum, pretensiones que deberán decidirse en el mismo proceso.

Requisito necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en parte) a los cuales dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues si se trata de diversos derechos o cosas, deberá acudirse a otro proces.

Como quiera que las pretensiones del tercero excluyente se deciden en la sentencia, resulta lógico señalar que este podrá intervenir en el proceso únicamente hasta antes de proferirse fallo de primera instancia, según lo indica el inciso 1 del artículo 53 del C.P.C.

Finalmente, de acuerdo con la disposición señalada, se tiene que, en el evento de que la sentencia niegue las pretensiones formuladas por el tercero excluyente, éste será condenado a pagar, a las partes, las costas a que hubiere lugar; también se le ordenará el pago de una multa y los perjuicios que su intervención hubieran podido causar, sumas que se liquidarán mediante incidente.  

Caso Concreto.

Teniendo en cuenta que el auto que acepta la intervención ad excludendum es apelable y que la cuantía del proceso supera la mínima exigida por la ley para la doble instancia, la Sala tiene competencia para conocer el presente asunto.

El Tribunal a quo estimó que la intervención ad excludendum formulada por el apoderado de la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo contra la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, cumplió con todos y cada uno de los requisitos de ley para ser admitida, como quiera que fue presentada dentro del término legal, se refiere a los mismos derechos controvertidos que se pretenden con la demanda inicial y las exigencias del artículo 137 del C.C.A., fueron satisfechos en su totalidad.

Según el recurrente, el Tribunal no debió admitir la formulada intervención ad excludendum, puesto que la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo no tenía interés jurídico para demandar, como quiera que éste último cedió en vida a la sociedad Serna Melo y Cía S en C., los derechos litigiosos originados en la ejecución y liquidación del contrato No 007 de 1989 y sus adicionales, celebrado con la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional, CASUR; además porque, según dijo, la acción se encontraba caducada.

En orden a establecer si la intervención ad excludendum de la sucesión del señor Serna Vallejo debe ser admitida, es menester señalar que la demanda fue presentada antes de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictara sentencia de primera instancia; es decir, fue interpuesta dentro del término que prevé el artículo 53 del C.P.C.

De otra parte, la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo adujo tener un mejor derecho que la sociedad Serna Melo y Cía S en C., respecto de la controversia originada en la liquidación del contrato 007 de 1989, de suerte que sus pretensiones están dirigidas a que se excluya de la controversia a ésta última y que se condene a la entidad demandada a pagarle los perjuicios reclamados.

De igual manera, se tiene que las pretensiones formuladas en ambas demandas versan sobre el mismo objeto, pues, mientras que la instaurada por la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., deprecó del juez que se declarara la nulidad, y por ende, se restableciera el derecho vulnerado por la expedición de la Resolución No 0013 y 002096 de 12 de enero y 14 de abril de 2005, en su orden, proferidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, la primera que liquidó el contrato 007 de 1980 y sus adicionales, la segunda que la revocó parcialmente, la demanda presentada por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo formuló las mismas pretensiones (folios 1 a 12, cuaderno 1, 2 a 35, cuaderno 3).

  Observa la Sala también que la demanda que pretende la intervención ad excludendum de la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo cumple con los requisitos del artículo 137 del C.C.

., como quiera que las partes del proceso y sus representados están debidamente determinados, obrando en este caso como demandante la sucesión del citado señor y como demandadas la sociedad Serna Melo y Cía S en C., y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR; el objeto de la formulación jurídica instaurada lo constituye la exclusión del proceso de la citada sociedad y la declaratoria de nulidad, y por ende, el restablecimiento del derecho conculcado por la expedición de las resoluciones atrás señaladas, proferidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR; se encuentran de igual forma debidamente señalados los hechos y omisiones en los cuales habría incurrido la demandada por la expedición de los actos cuestionados, así como los fundamentos de derecho de las pretensiones formuladas, la petición de las pruebas que el actor pretende hacer valer y la estimación razonada de la cuantía, la cual se estima en una suma superior a $2.000'000.000.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es menester reiterar que la demanda de intervención ad excludemdum presentada por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo cumple con todos y cada uno de los requisitos de ley para ser admitida.

En ese orden, resultan injustificadas las razones aducidas por el recurrente, en cuanto afirmó que la sucesión del señor Serna Vallejo, representada por su esposa Inés Naranjo de Serna y su hijo Rodrigo Serna no tenían interés jurídico para demandar, por cuanto el citado señor cedió en vida a la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., los derechos litigiosos surgidos con ocasión de la liquidación del contrato 007 de 1989 celebrado con la Caja de de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, puesto que el derecho alegado por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo y la calidad de cesionaria de la sociedad Serna Melo y Cía S. en C., constituye la materia que se va a debatir en el proceso y su definición sólo será posible en la sentencia que le ponga fin a la controversia, después de haberse valorado el material probatorio recaudado. Precisamente, la tarea del juez en el auto admisorio de la demanda consiste en verificar si los requisitos exigidos por la ley se encuentran satisfechos, procediendo a la inadmisión de la demanda en el evento de que ello no ocurra, con el propósito de que se subsane, en el término de cinco días, de acuerdo con el artículo 143 del C.C.A., siempre y cuando la acción no se encuentre caducada, evento en el cual la única medida procedente es el rechazo.

Ahora bien, en cuanto a la afirmación del recurrente en el sentido de que la acción formulada por la sucesión del señor Serna Vallejo se encontraba caducada, teniendo en cuenta que los actos cuestionados proferidos por la entidad demandada debieron impugnarse ante el juez contencioso administrativo dentro de los cuatro meses siguientes al agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo prevé el artículo 85 del C.C.A., la Sala encuentra que dicho señalamiento no tiene justificación alguna, dado que la acción fue interpuesta dentro del término legal.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., norma aplicable cuando fueron expedidos los actos cuestionados, el término de caducidad previsto para los contratos cuya liquidación se hubiese efectuado unilateralmente por la Administración, es de dos años contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe.

En este caso, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, profirió la Resolución 0013 de 12 de enero de 2005, mediante la cual  ajustó la liquidación del contrato 007 de 1980 y sus adicionales, revocada parcialmente por la Resolución No 002096 de 14 de abril siguiente, la cual quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2005, al paso que la demanda de intervención ad excludendum fue instaurada el 8 de mayo de 2006, es decir, dentro del término legal (folios 3 a 39, cuaderno de pruebas),

  Finalmente, en cuanto a los documentos aportados con el recurso de apelación, mediante los cuales el recurrente pretende aclarar la situación de los herederos en el proceso de la referencia, la Sala estima que tratándose de la apelación de autos, la posibilidad de aportar o solicitar pruebas no está prevista en el ordenamiento jurídico, pues ello sólo es posible en el recurso de apelación contra sentencias, tal como lo indica el artículo 212 del C.C.A., según el cual, las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, las cuales sólo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 ibíde

.

Mediante auto de mayo 11 de 2006, expediente 30.010, la Sala dijo:

“De conformidad con el ordenamiento jurídico, habrá lugar a la práctica de pruebas, en segunda instancia, cuando estén acreditados los siguientes requisitos: 1) que las pruebas se soliciten dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación.  2) que dicho recurso se hubiese formulado contra una sentencia.  3) que esté acreditado  alguno de los supuestos previstos por el artículo 214 del C.C.A.

“En este caso particular, las pruebas aportadas por el recurrente no cumplen los requisitos señalados por la ley para su práctica, puesto que éstas fueron aportadas en el recurso de apelación interpuesto contra un auto del Tribunal, y el artículo 213 del C.C.A., norma que regula el procedimiento para la impugnación de esta clase de providencias, no prevé la práctica de pruebas, en segunda instancia, tratándose de la apelación de autos.

No obstante lo anterior, dichas pruebas podrán aportarse en la debida oportunidad procesal, esto es, en la contestación de la demanda de intervención ad excludendum, puesto que así lo prevé el inciso 3 del artículo 53 del C.P.C. cuando señala: “[S]i el término de prueba estuviere vencido y en la demanda del interviniente o en las respuestas de las partes se solicitare la práctica de pruebas, se fijará uno adicional que no podrá exceder de aquél, a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados y éstos sean susceptibles de prueba de confesión”, de manera que los documentos aportados con el recurso de apelación no serán tenidos en cuenta en esta oportunidad procesal.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en Sala de lo Contencioso Administrativo

R E S U E L V E:

COMFIRMAR el auto de noviembre 15 de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se admitió la intervención ad excludendum presentada por la sucesión del señor Medardo Serna Vallejo.

Ejecutoriada esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

   CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

   MAURICIO FAJARDO GÓMEZ MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR

                  Presidente de Sección

           RUTH STELLA CORREA PALACIO ENRIQUE GIL BOTERO

RAMIRO SAAVEDRA BECERRA

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Última actualización: 29 de Noviembre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.943 - 17 de Noviembre de 2024)

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